Canarias es una de las regiones españolas con mayor desigualdad social, un territorio en el que el reparto de la riqueza se basa en que hay mucha gente que es bastante pobre y poca gente que es muy rica. Siempre ha sido así: Canarias se sitúa en el ranking de la pobreza encabezando la lista del oprobio nacional.
Y también ocupa los puestos más altos en desempleo, marginalidad social, hábitos alimenticios y enfermedades relacionadas con la pobreza y la incultura, embarazos en jóvenes, abortos, fracaso escolar, drogadicción y otros fenómenos relacionados con la pobreza y el subdesarrollo. Siempre ha sido así, aunque desde el inicio de la Autonomía y la revolución municipal de 1977, muchos de esas situaciones comenzaron a cambiar lentamente de tendencia, acercándonos a las medias nacionales.
A pesar de ello, la desigualdad social no se redujo en las islas: los pocos que tienen mucho aumentaron su riqueza muy rápidamente. El crecimiento económico ayudo a los más débiles, y a los más fuertes los encumbró, convirtiendo Canarias en una región de grandes fortunas. Desde el inicio de la crisis, hace siete años, el enriquecimiento de los más ricos se ha acelerado: hoy hay en Canarias -a pesar de la crisis o gracias a ella- tres veces más multimillonarios que en 2007. En ninguna otra región española ha crecido el tamaño de las grandes fortunas como lo ha hecho en Canarias, hasta el extremo de que Canarias es hoy la segunda región con más número absoluto de personas que declaran patrimonios multimillonarios, sólo adelantada por Madrid, dónde residen los grandes empresarios, los grandes banqueros y la mayoría de los ricos históricos que acumulan patrimonios familiares gigantescos.
Se trata de una situación perversa, a la que Paulino Rivero quiere poner freno subiendo el tramo autonómico del IRPF, en un calculado brindis al sol. Mientras el Gobierno de España baja algunos impuestos, sin favorecer especialmente a las clases medias, Rivero plantea presionar sobre las rentas que superen los 60.000 euros anuales. Pero eso probablemente no sirva más que para aliviar en parte la reducción de ingresos por IRPF del Presupuesto regional, fruto de la bajada impositiva de Rajoy. Contra la desigualdad se combate por la vía de redistribuir riqueza desde las Administraciones públicas. No existe otra forma. El problema es que hoy, las administraciones públicas no están en condiciones de redistribuir nada, porque carecen de recursos más allá de lo absolutamente imprescindible para sobrevivir ellas mismos.
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