En 1994, nos acercábamos al tema de la
Renta Básica -RB- pensando que podría ser una solución a esos desequilibrios sociales que genera el capitalismo de forma estructural: paro y pobreza. Es decir, se imponía el diseño de una respuesta permanente como derecho ciudadano a esos dos problemas crónicos pero orgánicos del capitalismo. Evaluados los pros y los contras de los modelos de reparto del trabajo que se discutían por aquel entonces, propusimos ir más lejos e incorporar el debate sobre el potencial que tenía la RB como derecho ciudadano a la panoplia de medidas contra la pobreza y el paro, buscando una solución más radical y definitiva dentro del capitalismo.
Como concepto, la propuesta de la RB consiste en responsabilizar a la sociedad de aportar una cantidad periódica –mensual- a cada persona por el hecho de nacer, y que sea suficiente para llevar una vida digna. Esta cantidad a percibir como un derecho vinculante se concede de forma individual -no familiar-, es universal -para todas igual-, no contributiva, e incondicional -independiente de otros ingresos y sin relación con el paso por el mercado de trabajo-. Ha de ser equitativa; todos cobran la misma cantidad; y la cuantía ha de ser, como mínimo, igual al umbral de pobreza. Es decir, si el PIB por habitante en 2013 era de 22.300 euros anuales, entonces según los estándares de la Unión Europea, el umbral de pobreza o renta básica que se hubiera fijado como cantidad sería la de 11.150 euros anuales, o la de 929 euros mensuales por cada persona beneficiaria.
Una de las
características que distinguen la RB de las iguales -RBis- de otras versiones es el fraccionamiento de la cuantía en dos partes: una, la que cada persona cobrará en mano; y la otra, dedicada a crear el
Fondo Renta Básica. Esta característica de opción política de la RBis está pensada para recuperar aquellos bienes de índole y uso comunitario, tales como la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte, los espacios públicos y el medio ambiente, las actividades culturales, el agua y otras energías, etc., y que serán directamente asignados y gestionados de acuerdo con las preferencias expresadas comunitariamente. Es decir, en una primera fase, proponemos que esta relación se establezca en un 80% en mano -743 euros mensuales- y que el restante 20% -186- se destine al Fondo. Esta cantidad permitirá que tales inversiones pasen a ser de la comunidad como una manera de repartir la riqueza ahorrada por los ciudadanos.
Pensando que esta propuesta es un proceso de colectivización de la riqueza, la importancia de la misma está en que la cantidad en mano se vaya paulatinamente reduciendo para que la inversión comunal del Fondo sea cada vez más la que se encargue de responder y atender las necesidades sociales de cada persona en forma comunitaria, o de ayuda mutua. El barrio podría sustituir inicialmente al concepto de comunidad, y decidir las inversiones a realizar con este fondo a nivel de ámbito municipal.
Antes de preguntarnos si la RBis es una propuesta inviable económica y financieramente, hay que recordar que solamente un 37% de la población está ocupada, lo cual quiere decir que el resto de la población, un 63%, está cobrando ya una RB sin trabajar, pero en base a la ayuda familiar o estatal. Por tanto
afirmamos que la RBis es una propuesta posible, que se ha de explicar desde sus dos dimensiones: desde la producción -o fuente de dónde sale el dinero-, y desde la distribución -o mecanismo de cómo se reparte el dinero-.
Si miramos desde el ámbito de la producción, según las estadísticas oficiales, en 2013 la ocupación manifestó un empleo de 17.435.200 trabajadores, los cuales habían producido bienes y servicios para la sociedad por un monto de 1.022.988 millones de euros en términos de PIB. Por tanto, nadie puede decir que no hay, como tampoco dudar de la falta de dinero cuando la actividad productiva anual, incluso en tiempos de crisis, genera este volumen de mercancías y servicios. También es evidente que la procedencia del dinero para financiar la RBis ha de salir entonces del sector productivo. Las remuneraciones de directores y banqueros, políticos, policías, médicos y académicos, carpinteros y albañiles, etc., sale de la producción. Entonces, para el resto de la población ha de salir igualmente de la producción. Hay que resaltar que este volumen de bienes y servicios se ha producido de forma colectiva, fruto del trabajo conjunto aportado por los miembros de la sociedad declarados aptos. Su actividad laboral es la responsable del bienestar de toda la ciudadanía. Por tanto,
en todo modelo de sociedad, capitalista o comunitario, la cuestión no está en la falta de dinero, sino en cómo se distribuye la renta entre la población. Si miramos desde la dimensión de la distribución, los defensores de la RBis proponemos dos ejes de reparto para ese 50% del PIB -mitad de la renta por habitante- que se requiere para financiarla: el sistema fiscal y la reasignación del gasto público.
Un 20% del PIB saldría desde unos recursos fiscales progresivos: IRPF, 4%; sociedades, un 4%; patrimonio y herencia, un 2%; de las cuotas a la Seguridad Social, un 4%; en base a la evasión fiscal, un 6%. Un 22% del PIB saldría de la reasignación del gasto público: de las subvenciones y de la ayudas a empresas, de las ayudas a las iglesias y las ONG, del gasto en defensa y seguridad ciudadana, y de la reestructuración del Estado de bienestar. Un 8% del PIB saldría de nuevos recursos fiscales: de la economía sumergida, un 5%; y de la tasa Tobin, un 3%. Contamos con otras fuentes, tales como la evasión fiscal: 82.659 millones de euros.
Sin embargo,
el problema de la RBis no reside en su financiación, ya que lo que proponemos como reparto es lo que se ha producido a lo largo del año con los recursos disponibles en la sociedad.
La imposibilidad de reparto que proponemos es de índole política, en parte por el poder que ejercen los propietarios de los medios productivos, y en parte por la falta de conciencia obrera y ciudadana. Las ventajas de la RBis son muchas. Dos son inmediatas: erradicar la pobreza económica y reducir tanta desigualdad. A su vez, da autonomía económica a la mujer para luchar contra el patriarcado, abordaría la falta de ingresos de los parados sin subsidio, de las personas dependientes, discapacitadas, y viejas sin pensiones, etc. Además, para el trabajador supone un colchón cuando tiene que hacer huelga, y permite la creación de ámbitos de autonomía personal y colectiva para elegir el modelo de vida deseado, etc.
Por su carácter transversal, la RBis aborda una multitud de intereses comunes, los cuales pueden servir como punto de partida para conseguir una serie de acuerdos y establecer una acción movilizadora conjunta.
José Iglesias Fernández, economista y miembro de
Baladre | Publicado también en
El Diagonal
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